AUGE Y CRISIS DEL LIBERALISMO: crisis política

Por influencia del liberalismo y la acción de los partidos políticos, se venía desarrollando en el país un proceso  tendente a desplazar el poder desde el Ejecutivo al Congreso, para restar influencia al Presidente de la República. Sin embargo, esta acción llevada a cabo mediante reinterpretaciones y reformas de la constitución y de nuevas prácticas parlamentarias, no logra debilitar su poder. El  Presidente, gracias a la intervención electoral y a la holgada situación económica del Estado, por la exportación del salitre, continúa siendo el jefe supremo de la nación como indica la constitución de 1833.
Durante el gobierno de Santa María, la tensión entre el presidente y los partidos políticos se acentúa por el autoritarismo del mandatario y  la excesiva intervención en las elecciones de diputados y senadores,  que le permitió disponer del Congreso. Además, los sectores conservadores del país no le perdonaban que hubiera propiciado las leyes laicas, de cementerios, matrimonio y registro civil.
Al asumir el poder Balmaceda, uno de sus propósitos será aflojar la tensión política,  uniendo a los distintos sectores del liberalismo en torno al Ejecutivo, y poner término a los conflictos con la Iglesia. En lo que a este último aspecto se refiere, finalmente hubo acuerdo con la Santa Sede para el nombramiento de monseñor Mariano Casanova en el arzobispado de Santiago, así como de Blaitt y Lucero en Concepción y Ancud, respectivamente. Sin embargo, en su relación con los partidos no tuvo los mismos resultados. Éstos tenían recelo del mandatario, quien, cuando ejerció de ministro de Santa María, fue interpelado por el Congreso para que respondiera por la intervención del Ejecutivo en las elecciones parlamentarias de 1885.
Recién habían transcurrido tres años desde el inicio de su gobierno, y ya se creyó ver en su ministro y amigo, Enrique Salvador Sanfuentes, al heredero elegido por Balmaceda para sucederle. De nada valieron las honradas expresiones de ambos para tranquilizar a sus adversarios; la  desconfianza de que Balmaceda intervendría en las próximas elecciones presidenciales, fue un factor psicológico presente en el subconsciente colectivo de mucha gente de la elite, influyendo en los acontecimientos que se precipitaron hacia 1891. Otro factor que contribuye a acentuar la tensión entre el Presidente y el Congreso, es la voluntad de los partidos políticos de tener una mayor participación en la fijación del presupuesto, tarea que, en cambio, cumplía el Presidente con sus colaboradores más cercanos. Esto explica, por ejemplo, las críticas a la realización de algunas obras públicas, calificadas por la oposición al gobierno de faraónicas. También pudo haber generado algunas molestias entre los parlamentarios un discurso de Balmaceda en Iquique (1889), que sugiere un cierto interés del mandatario por la intervención del Estado en la economía, a pesar de que éste compartía los planteamientos librecambistas  en boga.
Sin embargo, el antecedente más importante de la guerra civil de 1891 parece ser la contradictoria interpretación que del sistema de gobierno tenían el Presidente y la mayoría del Congreso. Según estos últimos, apoyados en las prácticas parlamentarias vigentes desde mediados del diecinueve y en las reformas a la constitución de la década de 1870, el sistema de gobierno  en el país era parlamentario. El Presidente, en cambio, apoyado en la constitución, pensaba que, a pesar de las reformas que se le incorporaron, el sistema era presidencial. En este ambiente se produjo la discusión de la ley de presupuesto para el año 1891, que el Congreso no aprobó cuando correspondía, por lo que el Presidente mantuvo la vigencia de la ley de presupuesto del año anterior. Por esta medida el mandatario fue acusado por el Congreso de contravenir la constitución, a lo que éste replicó señalando que el poder legislativo era el que no había cumplido con su deber a no aprobar la ley de presupuesto cuando correspondía. Este conflicto marca el inicio de la guerra civil de 1891.
El triunfo del sector congresista en la guerra, que costó numerosas muertes, determinó el establecimiento del sistema parlamentario en Chile. Este régimen de gobierno era desde hace muchos años la tendencia política vigente en el país; constituía la utopía de la aristocracia. Según un autor, se inicia en Chile el gobierno de los partidos políticos, etapa que se extiende entre 1891 y 1925.
Aunque Chile seguirá siendo una república aristocrática, tal como lo creara Portales, el sistema parlamentario es la negación del sistema portaleano de gobierno, donde el  Presidente era el jefe supremo de la nación. Desde ahora, el poder está en el Congreso, el Presidente no cuenta, salvo en lo que se refiere a las relaciones exteriores. Sucede algo parecido a lo que se dice delos reyes en los regímenes parlamentarios, reinan pero no gobiernan. De ahí que los presidentes típicos del período sean aquellos que, como Riesco, afirmen no ser un peligro para nadie, o como Barros Luco, que era de la idea de que los problemas, o se arreglan solos o no tienen solución.
La puesta en vigencia del nuevo sistema de gobierno, generó muchas expectativas entre quienes lo establecieron; se afirmaba que se iniciaba una etapa de regeneración nacional, que el país se iba a asentar sobre bases más sólidas. Sin embargo, los resultados logrados no respondieron a las esperanzas forjadas.  Al no promulgarse una nueva constitución, ni tampoco reformarse la vigente, el régimen parlamentario careció del marco legal adecuado a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, el Presidente no estaba facultado para disolver la cámara de diputados y llamar a nuevas elecciones, mecanismo infaltable en cualquier sistema parlamentario. No existía una adecuada regulación de la clausura del debate, indispensable en un sistema de gobierno de asamblea, por lo cual las discusiones en el congreso se eternizaban, provocando una grave anemia legislativa. Tampoco se estableció la incompatibilidad entre el cargo de ministro y el de diputado o senador, lo que contribuyó a la denominada rotativa ministerial, que también afectó la elaboración de las leyes, tan necesarias en la marcha de un país. Producto de esta imperfección legislativa fueron 530 los ministros que tuvo Chile en un lapso de 33 años, con el inconveniente de que muchos de ellos debieron abandonar sus cargos antes de enterarse de los problemas que les habría correspondido resolver.
También hubo malas prácticas políticas que dificultaban el buen funcionamiento del sistema, como la indisciplina de los parlamentarios, que impedía a los gobiernos contar con mayorías estables para trazar políticas de mediano o largo plazo. El caciquismo de algunos líderes, la mezcla entre política y negocios y el cohecho, es decir la compra de votos, fueron prácticas que empañaron el funcionamiento del nuevo régimen de gobierno, contribuyendo a que en el país se generalizara un ambiente de pesimismo respecto del destino de la nación, conocido como la crisis moral de Chile,  como queda de manifiesto en el título de algunas obras que entonces se publicaron. Por ejemplo Francisco A. Encina da a las prensas Nuestra inferioridad económica, y Carlos Keller, La eterna crisis chilena.
Si tuviéramos que rescatar algo de este período de nuestra historia, habría que ponderar que los gobiernos se sucedieron regularmente hasta el año 1924 y que la política exterior, dirigida por el Presidente de la República, permaneció estable, orientada a consolidar la expansión territorial lograda en la región septentrional del país.